Estos términos y condiciones regulan la relación contractual entre Lex Partis BV y los clientes que utilizan el servicio Lex Partis.
1. Objeto
Prestación de la aplicación Lex Partis en modalidad software-as-a-service para la gestión y adjudicación de bienes muebles en procesos de partición judicial.
2. Acceso y registro
El acceso requiere la creación de una organización y al menos un usuario con rol OWNER. El cliente es responsable de la veracidad de los datos facilitados y de las credenciales de sus usuarios.
3. Uso permitido
El cliente se compromete a utilizar la plataforma de forma diligente, lícita y conforme a los fines previstos. Queda prohibida la ingeniería inversa, la introducción de código malicioso o cualquier conducta contraria a la seguridad del servicio.
4. Precio y pago
Las condiciones económicas se acuerdan de forma individualizada con cada cliente. Se aplicará el IVA correspondiente según la legislación vigente.
5. Protección de datos
Lex Partis BV actúa como encargado del tratamiento por cuenta del cliente respecto de los datos personales introducidos en la plataforma. Las condiciones generales del tratamiento se detallan en la Política de privacidad y en el contrato de encargado del tratamiento firmado con cada cliente.
6. Responsabilidad
Lex Partis BV responde por daños directos causados por dolo o culpa grave. La responsabilidad queda limitada al importe anual abonado por el cliente por el servicio. Lex Partis BV no responde por daños indirectos, lucro cesante o pérdida de datos imputable al cliente.
7. Duración y terminación
El contrato se celebra por el plazo acordado en cada encargo y se renueva automáticamente salvo denuncia con 30 días de antelación. El cliente podrá exportar sus datos durante los 30 días siguientes a la terminación. Transcurrido ese plazo se eliminarán los datos, sin perjuicio de las obligaciones de conservación aplicables por normativa fiscal y contable (7 años).
8. Ley aplicable y jurisdicción
Esta relación se rige por el derecho neerlandés (con exclusión expresa de la Convención de Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías, CISG). Cualquier controversia se someterá a la jurisdicción exclusiva de los tribunales competentes de Ámsterdam, sin perjuicio de las normas imperativas de protección al consumidor.